El pasado 8 de junio del año en curso, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que convertirá al bitcoin en la primera moneda electrónica de curso legal en el mundo, convirtiendo a esa nación en una especie de laboratorio para conocer las ventajas y desventajas de este tipo de moneda operando fuera del mundo virtual. El bitcoin corresponde a las llamadas monedas virtuales o criptomonedas, donde no hay billetes físicos excepto representación de monedas en línea, cuyos valores se almacenan en una cartera digital y para acceder a ella se requiere de dispositivos tipo computadora o teléfono inteligente.
Según la ley, la moneda aprobada podrá utilizarse con irrestricto poder liberatorio, ilimitada en cualquier transacción y cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Todos los precios podrán ser establecidos en bitcoin; el mercado establecerá libremente el tipo de cambio con respecto al dólar, moneda de circulación oficial en ese país, y los agentes económicos están obligados a aceptar bitcoin como forma de pago, excepto que no dispongan de la tecnología para ejecutar la transacción.
Según el presidente del país, adoptar esta decisión facilitará el acceso a servicios financiero a trabajadores informales imposibilitados de satisfacer los requisitos del sector bancario tradicional, que mantiene excluido a más del 70 % de la población. Adicionalmente, la nueva disposición generaría empleo a corto plazo debido al desarrollo de una infraestructura financiera moderna y promovería la inversión, el turismo, la innovación y el desarrollo económico.
El Estado facilitará la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin y garantizará a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin a dólar. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia y una empresa especializada facilitará el sistema de pagos.
Evaluación de la decisión adoptada
De las funciones clásicas que se reconocen al dinero y lo diferencian de otros activos, en el caso de El Salvador, la ley permite al bitcoin cumplir la función de medio de cambio, esto es, facilitar las transacciones comerciales y, parcialmente, la función de unidad de cuenta ya que se pueden fijar precios en esta moneda, pero para fines contables, se mantiene el dólar. La función de atesorar o servir de depósito de valor para acumular riqueza queda a opción de los ciudadanos que podrían mantener sus ahorros o inversiones dentro de la plataforma virtual y denominadas en ese tipo de moneda.
En la literatura económica se reconoce la contribución de los sistemas financieros al desarrollo económico, mediante la captación de ahorros en forma de depósitos y su colocación a disposición de agentes económicos, de forma eficiente, para satisfacer sus necesidades de financiamiento derivadas de sus decisiones de consumo e inversión.
También, la evidencia empírica señala que los países de mayor progreso económico tienen sistemas financieros más desarrollados y sus ciudadanos tienen mayor acceso al mismo.
No queda claro cómo la ley aprobada en El Salvador aportaría al desarrollo económico y a la generación de empleos, así como al turismo, al fomento de la innovación y la inversión, ya que esta disposición no es un instrumento de fomento del ahorro ni de captación de depósitos para ser canalizados a terceros, lo que invita a reflexionar si no hubiese sido más útil crear las condiciones para propiciar un mayor acceso al financiamiento de los ciudadanos a través del sistema financiero. Además, existen diversas objeciones que se hacen a las operaciones con monedas virtuales, como la inexistencia de respaldo de algún gobierno o regulación internacional; los potenciales riesgos asociados a la volatilidad del tipo de cambio del bitcoin respecto al dólar o los derivados de operaciones especulativas y/o ataques a la infraestructura de internet por acciones de guerra o terrorismo, así como posible realización de operaciones ilegales relacionadas a la venta de estupefacientes, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Dolarización
Similar a la aprobación del bitcoin como moneda de curso legal, hace veinte años que El Salvador sorprendió a la región anunciando la dolarización de su economía. Las razones esgrimidas entonces fueron las de preservar la estabilidad económica, impidiendo que el Banco Central monetizara los déficits del Gobierno, y propiciar condiciones óptimas y transparentes que garantizaran el acceso directo a los mercados internacionales que permitieran disminuir las tasas de interés. La adopción del dólar haría más competitiva la economía al disminuir los costos de transacción.
Desempeño económico comparado
Durante el período 2000-2019, la economía salvadoreña creció a una tasa anual promedio de 2.0%. Medido respecto al PIB, en ese lapso el gobierno general tuvo un déficit promedio de 3.9% y la brecha en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó 4.3%. El desempleo promedio del período fue 6.7% por ciento.
Para el 1999, el producto interno bruto per cápita de los salvadoreños en paridad de poder compra fue US$3,100, para el 2019 había aumentado a US$8,891 y, en ese mismo año, el nivel de endeudamiento del gobierno había alcanzado 69.4% del PIB.
En lo que respecta a República Dominicana, para el mismo período de referencia, el crecimiento promedio anual fue de 5.0%. Medido respecto al PIB, el déficit del gobierno general alcanzó 2.6% y el balance de la cuenta corriente reflejó una brecha de 3.0%.
El desempleo promedio en los veinte años fue 7.4 por ciento.
Para el 1999, el producto interno bruto per cápita de los dominicanos en paridad del poder de compra era US$5,400, para el 2019 este se había multiplicado por 3.66, hasta alcanzar los US$19,800. Al cierre de este último año, el nivel de endeudamiento del gobierno general ascendió a 43.6% del PIB y en ese año la calificación de riesgo soberano del país era superior a la de El Salvador.
Recapitulando
No obstante su mejor desempeño macroeconómico que El Salvador, la República Dominicana posiblemente no puede señalarse todavía como un modelo a seguir en términos de sus logros macroeconómicos, pero éstos son suficientes para ilustrar que lo importante no es la adopción de medidas extremas, impactantes e innovadoras para un adecuado desempeño. Basta que exista estabilidad política y social, aceptable seguridad jurídica y ciudadana, pero, sobre todo, que sólidas políticas monetaria y fiscal garanticen la estabilidad macroeconómica que permita se desarrolle un ambiente apropiado de negocio para la participación del sector privado.
Como país, tenemos un amplio espacio para mejorar, pero al menos mantengamos lo que hemos logrado en las últimas décadas. La posibilidad de garantizar la estabilidad macroeconómica es lo que está en juego con el deterioro de las cuentas públicas y lo que fundamenta la impostergable necesidad de celebrar un pacto fiscal.